EDICIÓN IMPRESA N°213 – Enero 2024
Al cierre de esta edición (de enero), se había concretado la reunión en la cual el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales, cerraron la negociación política para allanar el camino hacia la aprobación de la Ley Ómnibus. El acuerdo se basó en la coparticipación del 30% del Impuesto País para sostener las arcas provinciales. De todas maneras, el tema impositivo no se tratará en la discusión de la ley y sería parte de un debate más adelante. “Nosotros salvamos al Presidente de cometer un grave error cuando impedimos que se votara el paquete de retenciones. Es un paquete de derechos de exportación que afecta no solo al campo, sino a los que aportan valor agregado, a las economías regionales, a las industrias, entre otros”, expresó el gobernador Martin Llaryora como vocero del interior productivo, y agregó: “Si uno ve el margen con el cual iban a recaudar, iban a terminar condenando al campo, a la producción y a la industria, al cierre”. Llaryora criticó el desfinanciamiento de la obra pública por parte del Gobierno nacional y dijo que hay que tener una visión estratégica y productiva. “Argentina no puede vivir de la danza de la lluvia, ni del campo”, sostuvo el mandatario cordobés. Aunque la Mesa de Enlace vio como un paso positivo el retiro de la intención de incrementar las retenciones, hay desconfianza con el ministro Caputo, que intentó recaudar unos 1500 millones de dólares adicionales del sector agropecuario, sin ni siquiera mirar a las exportaciones de petróleo y minerales que siguen aprovechando beneficios. Justamente un esquema de reducción de los derechos de exportación fue prometido por Milei en campaña durante la Expo Rural de Palermo 2023, además de que las retenciones se iban a utilizar para adelantar el pago de impuesto a las ganancias. Milei no cumplió con ninguna de estas promesas. Y luego arrebató al campo con la Ley Ómnibus, que no solo planteaba que se elevarían las retenciones al 15% para todos los productos del agro, y a 33% para todos los productos de la cadena sojera, sino que además alteraba muchas otras reglas de juego, como el corte de los biocombustibles, las regalías en semillas, las leyes ambientales o la imposición de un límite a la compra de campos por parte de los capitales extranjeros. Incluso el periodista oficialista Luis Majul, dejó trascender que el Presidente trató de coimeros y valijeros a algunos sectores de base agropecuaria (tabacaleros, aceiteros, etanoleros, maniceros, entre otros), pero no mencionó nada del lobby minero, petrolero, pesquero y financiero. Y tampoco dijo nada de los ineptos negociadores que tiene el bloque de LLA en el Congreso. En estos dos meses de Gobierno, quedó en claro que Milei y parte de su equipo libertario, carecen de habilidades políticas para lograr acuerdos y consensos, y apuestan a posturas extremistas y radicalizadas. Aplicar motosierra y licuadora con una fuerte política de shock, pone en peligro la gobernabilidad, ya que la imagen del Gobierno va cayendo día tras día. La famosa “casta” no está pagando el ajuste ni lo pagará. Solo estamos viendo la punta del iceberg de una profunda crisis, que está vapuleando demasiado rápido a la clase media, y terminando de enterrar a los jubilados y los sectores más vulnerables. Cuando en las democracias modernas no se cree en la presencia del Estado y en la política como herramienta de negociación, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Como economista, Milei debería recordar la famosa frase norteamericana: “Es la economía, estúpido”.