El reclamo del campo volvió al Congreso a través de diputados opositores que presentaron seis proyectos para frenar una suba de retenciones, y la entidad gremial que agrupa a las cooperativas, llevó su propuesta para eliminarlas de forma escalonada. Las iniciativas apuntan a evitar que se restablezca el esquema anterior de retenciones que finaliza el próximo 30 de junio. Debemos recordar que el Presidente Javier Milei lanzó un mensaje directo al sector agropecuario: “Avisen al campo que si tienen que liquidar, que lo hagan ahora porque en julio vuelven las retenciones”. La advertencia encendió las alarmas entre productores, cooperativas y dirigentes.
Si el Gobierno nacional necesita dólares debería dejar de utilizar al campo como la variable de ajuste, como lo hicieron las anteriores administraciones que pasaron por la Casa Rosada. Fundamentalmente porque, si desde el Estado se acompaña al sector agropecuario, hay un montón de inversiones que están con el freno de mano puesto, y que podrían generar más divisas, desarrollo territorial y empleo genuino en el interior productivo. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) presentó un informe técnico y económico en la Comisión de Agricultura del Congreso, remarcando que 8 de cada 10 dólares netos que ingresan al país, provienen del agro, y advierte también que Argentina es de los pocos países que mantiene este tipo de gravámenes al igual que Rusia, que aplica las retenciones con fines geopolíticos. En este marco, en el caso del trigo, una eliminación de las retenciones permitiría aumentar en un 10% la superficie sembrada, lo que llevaría la producción a 20 Mill/Ton, al tiempo que representaría un aumento de 522 millones de dólares en el valor bruto y un crecimiento del 20% en exportaciones.
Por otro lado, por la falta de una nueva ley de promoción de biocombustibles, que el Gobierno nacional no quiere impulsar por el fuerte lobby petrolero, nos estamos perdiendo de U$S400 millones dispuestos a ser invertidos en ampliación y construcción de nuevas plantas de bioetanol, más allá de lo que significa poner en agenda al campo y mitigar el cambio climático. Dentro de las provincias que integran la “Liga Bioenergética”, Córdoba es la más perjudicada ya que tiene una “Vaca Viva” generada por la cadena del maíz (genera el 75% del etanol nacional), que no puede expresar su máximo potencial, porque no hay políticas del Estado nacional -como en Brasil hace 20 años-, que permitan elevar el corte con etanol en los surtidores. Mientras el optimismo reina entre los proveedores de semillas de maíz, que confían en que el área sembrada volverá a recuperar las 2 millones de hectáreas perdidas en la última campaña debido a la incidencia de la chicharrita, en la red de agregado de valor le piden al Gobierno que ponga la mirada sobre un modelo bioeconómico basado en recursos renovables. Lamentablemente no todas las entidades rurales tienen el mismo compromiso a la hora de defender lo que le corresponde al campo. E incluso en las encuestas el “voto campo” es captado mayormente por Milei.
Esta especie de “Síndrome de Estocolmo”, genera presiones muy tibias para un oficialismo que salió fortalecido después del triunfo en CABA, que con acomodar la famosa “macro” le alcanza para llegar bien a las elecciones legislativas de octubre, y que delega irresponsablemente todas sus responsabilidades a las provincias, pero sin repartir las porciones de la torta.