Desde la fractura institucional de Cartez hace un año y medio, las entidades nucleadas en el denominado Arco Noroeste casi siempre vienen mostrando los dientes a la Mesa de Enlace local (SRA, Cartez, FAA y Coninagro), y también al Gobierno provincial. Las diferencias más que territoriales y técnicas, parecen ser fuertemente ideológicas, cuando dejan entrever en sus comunicados la cuota de esperanza depositada en el presidente Milei. Incluso, un ex presidente de la SRJM e intendente de Jesus Maria, Luis Picat, acaba de dejar las filas de la UCR para enrolarse en la LLA. Las sociedades rurales de Jesús María, Villa Dolores, Pampa de Pocho, Cruz del Eje y Deán Funes, más la Sociedad Rural de Arroyito y la Asociación Civil de Productores Departamento Río Primero (ACIPRO), aducen una baja ejecución y reducción de fondos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), denunciando subejecución del 60% y un recorte del 33% para 2026, a pesar del aumento del impuesto inmobiliario rural (previsto en un 29%), exigiendo transparencia y una explicación concreta, a pesar de los reclamos nacionales sobre retenciones que viene haciendo Llaryora. En contraposición, la política agropecuaria implementada desde la Provincia, es respaldada a menudo por las entidades de una Mesa de Enlace, que a priori pareciera ser más dialoguista en sus formas, entendiendo que el Gobierno nacional no está haciendo nada en materia de infraestructura rural, promoción del valor agregado (ej. biocombustibles), articulación público-privada, asociativismo y cooperativismo, más allá de una pequeña baja en las retenciones agrícolas.
Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba -que ahora tendrá un super ministerio al incorporar la antigua cartera de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica-; salió al cruce de los dichos del Arco Noroeste, argumentando que en el presupuesto hay una baja sensible en todos los impuestos provinciales y se actualizó menos que la inflación. También precisó que ahora se va a la instancia legislativa con un impuesto consensuado y firmado por la Mesa de Enlace local, después de varias reuniones con los productores, y que la baja es importante en todos los impuestos con una actualización razonable, que es menor al aumento de los productos agropecuarios, calculada con el IPIM. Además se mantiene el 30% de descuento para contribuyentes cumplidores, más un 5% para quienes validen BPAs (Buenas Prácticas Agrícolas), y otro 5% para propietarios. Por último, mencionó que el FDA siempre va a tener plata porque se va pagando todo a medida que se va trabajando, y lo que se recauda del Impuesto Inmobiliario Rural —el único que se cobra— se gasta íntegramente en el campo. Aclaró que el fondo lo administran en conjunto el sector agropecuario y el Gobierno, y está auditado por el Tribunal de Cuentas provincial donde la oposición es mayoría, por lo tanto, es un fondo que se ejecuta totalmente, y no existe la subejecución. Está claro que los roces y chicanas institucionales recién empiezan en el sector clave que impulsa la economía cordobesa, en un 2026 que será la antesala política de las elecciones provinciales que se perfilan para abril del 2027.
2025-12-18